Democracia Ambiental: Territorialidad y sostenibilidad
La era de la excepcionalidad humana, es decir, del Antropoceno ha posibilitado la dominación y apropiación del medio natural. Es a través de la dominación adaptativa- agresiva que los seres humanos se han separado de la naturaleza (Maldonado 2016, 799). Este triunfo se debe a los sucesos históricos que cambiaron la forma de relación entre las sociedades y su entorno.
Junto a los nuevos sistemas de producción, con su tecnología moderna, su comercio y su consumismo, fruto del proceso de globalización, se ven afectados los sistemas de mantenimiento de la vida del planeta sin precedentes. En este contexto, se comienza a cuestionar la idea de que el desarrollo es central para proporcionar seguridad, a medida que las personas empiezan a exigir justicias climática y la responsabilidad por los trastornos que la modernidad ha causado a las personas más vulneradas en sus derechos, sobre todo en términos de impactos climáticos y migraciones forzadas (Dalby 2015, 239).
El debut formal de la problemática ambiental en la agenda política internacional fue con la convocatoria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972. En el informe de dicha conferencia se señaló que la humanidad enfrentaba una crisis ambiental global por las bruscas aceleraciones en el crecimiento demográfico, en el uso de energía y nuevos materiales, en la urbanización, en los ideales de consumo y en la contaminación resultando. Este contexto afecta a los sistemas naturales del planeta que permiten la supervivencia biológica. Si bien, la problemática ambiental se ha tratado en diversos acuerdos internacionales, también ha permanecido la tensión entre el Norte y el Sur respecto a cómo entender y enfrentar la crisis ambiental.
La hipótesis que plantean es que la perspectiva histórica que retoma el Sur para el debate se centra en la idea de que la protección ambiental debía estar complementada al proceso de desarrollo y/o facilitadora del mismo y no un traba para su realización. Es desde esta perspectiva que surge el concepto Medio Ambiente y Desarrollo. En cambio, la lógica que imperó en el Norte fue que al alcanzar su desarrollo sustentando en una alta industrialización, provocaron la crisis ambiental global. Por ende, el Sur al querer alcanzar el mismo estado de desarrollo y calidad de vida que el Norte, harían que colapse el ecosistema planetario. Estas visiones no desaparecieron, sino que se adecuan a circunstancias históricas específicas.
En este marco, la propuesta de CILA 2022 sobre democracia ambiental se relaciona con las vivencias y experiencias que atravesamos en el Sur Global, particularmente, en América Latina. Es por eso que, conscientes de ver y vivir nuestros territorios no como un medio sino como parte integrante de nuestra existencia como sociedad, visibilizar alternativas de solución para generar un mejor vivir y, a la vez, reparar los daños causados a los ecosistemas y las comunidades. Este objetivo lo vemos imposible de lograr sin el trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que recogen las experiencias y las soluciones propuestas desde las poblaciones de América Latina. Durante este proceso se intercambian metodologías y herramientas para innovar en la gobernanza en pos de ciudades más abiertas, participativas, democráticas y sostenibles.
La importancia de trabajar sobre democracia ambiental recae directamente en la idea de que la solución a la problemática ambiental va de la mano de la participación ciudadana. Hoy en día, en América Latina, se encuentra el único instrumento jurídico vinculante que promueve y garantiza los tres derechos de acceso que conforman la democracia ambiental: el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú garantiza la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También promueve la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es en este punto donde la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y el trabajo en conjunto con los gobiernos promueve soluciones factibles.
Por Fiorella Ricagno, Pasante de Asuntos del Sur.
