COP27 y el rol de América Latina en la gobernanza climática

La 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 27) se basa en los resultados de la COP 26 para adoptar medidas en ciertas cuestiones esenciales para hacer frente a la emergencia climática, que incluyen desde la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, hasta el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo.

Esta conferencia se llevó a cabo en un contexto de fenómenos climáticos extremos, una crisis energética atravesada por la guerra en Ucrania y datos científicos que reiteran que los países no están haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de carbono en pos de proteger nuestro planeta. Los objetivos que se esperan de esta Conferencia se relacionan con limitar el calentamiento global por debajo de los 2c, reforzar el Objetivo Mundial de Adaptación resultado de la anterior COP (26), la adecuación y previsibilidad de la financiación climática para lograr los objetivos del Acuerdo de París y, por último, el rol de la asociación y la colaboración para cumplir los otros objetivos y garantizar un modelo económico más resiliente y sostenible.

Ahora bien, ¿cuál es el rol de América Latina y el Caribe en la COP 27?

De la Conferencia de Partes anterior a esta, los ítems del Acuerdo de París ya se han reglamentado pero, a la hora de hablar de implementación, se necesita de financiamiento. Ante este contexto, algunos países del Sur Global han escuchado al reclamo de organizaciones civiles sobre la importancia del financiamiento climático como, también, que los países del Norte Global asuman su responsabilidad. En este sentido, como eje central de la COP 27 se incorporó la perspectiva sobre daños y pérdidas, es decir, que los países del Norte Global que han emitido la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, deberían pagar a los países del Sur Global que ahora sufren las consecuencias climáticas.

Además, los países de latinoamérica en particular, han llevado adelante una iniciativa en conjunto para que se les exima de cancelar las deudas externas a cambio de que inviertan el dinero en proyectos de reducción de emisiones o de adaptación, bajo el lema “canje de deuda por acción climática”. Esta propuesta se presenta como un reclamo central para países del Sur Global que cuentan con serios problemas para pagar la deuda externa, con el objetivo de buscar apoyo y presionar para que se concrete.

El rol de los países de América Latina ha estado muy latente y con iniciativas. Un claro ejemplo fue el evento paralelo COP 27, que resultó de la iniciativa de líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe partícipes del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC). El OPCC surge en la COP 26 en Glasgow, con el objetivo de constituir una herramienta de información compartida sobre el estado de situación de la legislación y el tratamiento parlamentario ambiental en la región.

Al mismo, en el día dedicado al financiamiento se sumó el anuncio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la presidencia pro témpore de la Argentina, de marcar una agenda común bajo el lema “deuda por financiamiento climático”. Algunos de los puntos destacado fue el pedido de un sistema multilateral de comercio, mencionado por Gustavo Petro (presidente de Colombia), basado en reglas abiertas no discriminatorias y equitativas para poner fin a las medidas unilaterales que pueden constituirse en un medio arbitrario o restrictivo encubierto al comercio internacional. Este punto resulta interesante para rever los mecanismos regulatorios del derecho mercantil en pos de inversores extranjeros para que los Estados brinden “seguridad jurídica” a los mismos. Esta “seguridad jurídica”, brindada a través de Tratados Bilaterales de Inversión, le cede a los inversores extranjeros derechos extraordinarios en cuanto, ante un caso de conflicto entre inversor-Estado, les concede a los inversores el derecho de acudir a un arbitraje internacional privado, donde los inversores demandan a los estados (demandas multimillonarias) y no viceversa. En el arbitraje de inversores, los Estados han sido los grandes perdedores: de los 327 casos conocidos contra países de América Laina y el Caribe, hay 206 casos resueltos donde el inversor salió beneficiado en el 62% de los casos (ISDS 2022, 4). Más allá de la resolución a favor del inversor o del Estado, las demandas les cuestan millones de dólares en gastos de defensa y de proceso al Estado.

¿Por qué es importante la participación de los jóvenes y de las organizaciones civiles?

Es la primera COP donde las infancias y las juventudes cuentan con un pabellón para observar, seguir debates e intercambiar experiencias. El rol de las juventudes y de las organizaciones civiles en esta COP es fundamental para el monitoreo, la comunicación, y para difundir qué es lo que pasa dentro de la negociación -muchas veces este tipo de Conferencias suelen ser muy técnicas y difíciles de acceder-. Al mismo tiempo, muchas de las decisiones climáticas adoptadas a nivel nacional se empiezan a elaborar en estas Conferencias o espacios internacionales.

Desde Asuntos del Sur, Fundación Ciudadanía Inteligente, Extituto de Política Abierta e Instituto Pro Comum, hemos conformado el Consorcio Internacional de Localidades en Acción (CILA) como un espacio de conexión de inteligencia colectiva con el objetivo de intercambiar experiencias, abordar desafíos de gobernanza y trabajar sobre respuestas innovadoras de las ciudades del sur global.

Frente a un contexto que nos demanda colaboración entre países del Sur Global, CILA se convierte en un espacio de trabajo para la co-creación y, espacios de networking, entre diversidades de organizaciones civiles, representantes de gobiernos locales y academia para intercambiar, potenciar y encontrar respuestas colectivas a los desafíos comunes que nos dejará la COP 27 para las ciudades del Sur Global.

 

Por Fiorella Ricagno, Pasante de CILA.