Derecho a la Ciudad: Mucho más que un concepto bonito

La última década estuvo signado por injusticia social, desigualdad, exclusión, despojo, segregación espacial, todas las formas de discriminación, destrucción y privatización de los bienes comunes y degradación ambiental. Esta década está marcada por todos estos componentes y el 2024 no se queda atrás. 

En este contexto, el derecho a la ciudad aparece como una alternativa local para intentar acercarse a los objetivos de la agenda 2030. El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad” (Right 2 City). 

Pero, ¿cómo se asocia el derecho a la ciudad con los objetivos de desarrollo sostenible? El derecho a la ciudad ofrece una perspectiva de cristalización y realización de los derechos humanos en el territorio que deben ser alcanzados por las metas del objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. En la lógica de “no dejar a nadie atrás”, el derecho a la ciudad aparece como la operativización de las metas bonitas de los ODS 2030. De esta manera, se muestra como una mirada más cercana y concreta para que los actores locales puedan apropiarse de la causa e implementar caminos que nos lleven a ciudades más sostenibles. 

El Derecho a la Ciudad cuenta con muchos componentes. Según la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad los puntos del derecho a la ciudad son:

• Ciudades libres de discriminación
• Ciudades con igualdad de género
• Ciudades con ciudadanía inclusiva 
• Ciudades con una mayor participación política
• Ciudades que cumplan sus funciones sociales
• Ciudades con espacios y servicios públicos de calidad
• Ciudades con economías diversas e inclusivas
• Ciudades sostenible con vínculos urbano-rurales inclusivos 

 

¿Qué están realizando las ciudades del sur? 

Innovar en el Sur Global puede ser complejo pero no imposible. En esta línea, presentamos algunos casos de ciudades que están tomando los componentes del derecho a la ciudad para innovar y trabajar en pos de ciudades más abiertas, democráticas, inclusivas y sostenibles.

Ciudad de México. El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El programa permite realizar proyectos de infraestructura social en función de las necesidades de la comunidad, como centros comunitarios, centros culturales, parques, áreas recreativas y deportivas, mejoramiento del paisaje urbano, museos de sitio, proyectos ecológicos, pistas de skate, obras de servicios y ampliación o mejoramiento de obras existentes, entre muchos otros. La participación de la comunidad en los proyectos es una característica clave de esta política, que fomenta la creación de ciudad de abajo arriba y la autogestión. El programa está dirigido a todas las agrupaciones sociales, cívicas, comunitarias y vecinales interesadas en impulsar «procesos integrales, sostenidos y participativos» para el mejoramiento físico, simbólico y cultural de la Ciudad de México. 

Ecuador. La Constitución de 2008 reconoce el «derecho a disfrutar plenamente de la ciudad y sus espacios públicos» (arts. 30 y 31). Más tarde, el derecho a la ciudad se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador (2009-2013), seguido de la creación de una Subsecretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos en 2011 con el objetivo de hacer operativo el derecho a la ciudad, entre otros. El siguiente Plan Nacional de Desarrollo (2013-2017) incorpora varios elementos relacionados con el derecho a la ciudad, como la planificación la sostenibilidad ambiental, la gestión del riesgo, la gestión democrática de las ciudades, el acceso al espacio público, la convivencia y la seguridad ciudadana. La Ley Nacional de Ocupación del Territorio y Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (2016) establece varios principios y reglas generales para fomentar un desarrollo territorial igualitario y sostenible y la implementación del derecho a la ciudad. Los principios generales de la ley son la función social y ambiental de la propiedad y garantizar un desarrollo urbano inclusivo para el «buen vivir» de las personas. La ley establece algunos mecanismos e instrumentos para controlar la especulación del suelo y garantizar un desarrollo urbano equitativo. También pretende garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna y adecuada, a la participación ciudadana y a la propiedad en todas sus formas. Para hacer operativo este conjunto de normas, la ley refuerza el papel del gobierno local. 

India. En 2014, la India aprobó una ley federal que pretende proteger los medios de subsistencia de los vendedores ambulantes y establecer un mecanismo participativo para regular la venta ambulante. Este importante instrumento legislativo se aprobó como resultado de un largo activismo por parte de organizaciones de vendedores ambulantes y otras entidades.

 

Hacia una mirada holística de los derechos

Cabe destacar que, como ha señalado Harvey, el Derecho a la ciudad es hoy un “significante vacío”, una expresión polisémica donde, depende mucho quien y como lo enuncia. El concepto de derecho a la ciudad cuenta con una fuerte carga política y por ende es un significado en disputa. Desde CILA nos importa abordarlo desde las acciones concretas. Es decir, desde la reapropiación colectiva del espacio urbano, con el fin de realizar iniciativas populares y programas de política pública para que, entre el Estado y la sociedad civil, se garantice el acceso a mayores derechos dentro de las ciudades que habitamos.