La calle es nuestra: Jóvenes con derecho a pensar y ser libres. Más allá del derecho
Una de las mayores preocupaciones sobre la COVID-19 en Colombia se centró en el temor por la exacerbación de las desigualdades y profundización de las brechas entre los diferentes sectores sociales, especialmente, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad más alta que otros. Así, las juventudes negras fueron uno de los grupos más afectados por la contingencia sanitaria. El escenario post pandemia se tornó preocupante para las organizaciones sociales, juventudes y comunidades negras. El temor por el aumento de la represión como forma de control del territorio propias de gobiernos autoritarios evocó el estudio de nuevas formas de gobernanza que permitan el ejercicio de la vida digna.
Es menester, problematizar cómo el Oriente de Cali, territorio donde habitan las juventudes negras, se configura como un espacio donde se niegan los derechos básicos y fundamentales, como el derecho a ser, para proponer políticas públicas que caminen hacia la gobernanza colaborativa y cierren las brechas profundas que existen en la sociedad con el fin de construir proyectos de vida dignos para todos, siendo el objetivo del presente texto reflexionar sobre los conceptos de justicia espacial y derecho a la ciudad.
En esa dirección, el espacio de Juventudes Populares de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, se ha propuesto fortalecer el empoderamiento de las juventudes negras del Oriente de Cali, generar espacios de reflexión sobre las distintas problemáticas del contexto y estrategias de resistencia, desarrollar actividades lúdicas y formativas e incentivar la agencia y la organización Afro-juvenil.
Algunas actividades están enfocadas en transformar, resignificar y recuperar las calles que han sido cooptadas por distintos grupos armados. Una de las actividades tuvo por nombre “La calle es nuestra, jóvenes con derecho a pensar y ser libres”.
Durante varias semanas, las juventudes tomaron las calles para jugar, desarrollar dinámicas que fortalecieran sus vínculos con la comunidad y a su vez recuperar el espacio, resignificando el sentido de confrontación y de violencia, por espacios de encuentro entre jóvenes, entre la niñez y entre la comunidad en general; exigiendo a su vez, el derecho a habitar las calles, los barrios, la ciudad y cualquier territorio sin el temor a que les señalen, criminalicen y les asesinen.
En ese sentido, cabe reflexionar sobre conceptos como justicia espacial y derecho a la ciudad, en la experiencia de las juventudes negras habitantes del Oriente de Cali, participantes del grupo Juventudes Populares, en el marco de la pandemia del Covid-19. Para ello se retoman algunas de sus reflexiones y comentarios que se han ido recogiendo durante los encuentros regulares, para continuar discutiendo sobre la ciudad a la que se enfrentan y la ciudad que sueñan y que están construyendo, sin perder de vista el racismo y justicia racial como elementos transversales de la discusión.
Una ciudad como Cali, profundamente racista y clasista concentra al oriente de la ciudad más de un 70% de población afrocolombiana (DANE,2005). Habitar esta ciudad para las juventudes negras del oriente, es estar expuesto a la violencia constante, a la criminalización, persecución y negación absoluta al derecho a la ciudad, entendido no solo como la imposibilidad de transitar libremente por distintos espacios o la negación de derechos fundamentales, sino principalmente el derecho a vivir; uno de los jóvenes del grupo Juventudes Populares de la Casa Cultural el Chontaduro menciona que “es difícil sentirse libre porque siempre estamos con miedo que nos maten”.
Este joven reconoce en los homicidios, un fenómeno que se convierte en un hecho sistemático para las juventudes negras de las periferias urbanas y no solo reconoce la muerte en su experiencia de vida, de sus familiares y amigos, sino también cómo la desigualdad social se convierte en un hecho constante para las juventudes y los pueblos negros. La negación al derecho de educarse, de tener un trabajo digno, de habitar una vivienda digna, es la negación misma de su existencia, es la muerte en vida. En el encuentro nacional de Juventudes, uno de los jóvenes mencionó que:
“[…] Es increíble como muchas personas criminalizan a la comunidad del oriente de Cali, nos llaman vándalos y rateros por el simple hecho de vivir allí, ver y escuchar cómo reproducen el estigma y no se toman la tarea de investigar más a fondo lo que realmente pasa, y darse a la tarea de conocer cómo los jóvenes crean grupos para derribar todas esas barreras que les impiden alcanzar sus sueños u objetivos, el joven que hace el sacrificio para sacar sus estudios adelante, el bailarín, el deportista entre muchos otros que luchan a diario para transformar su vida y el territorio, donde el talento abunda pero por la falta de oportunidades y oposición del gobierno no muchos potencializan y las circunstancias casi que los obliga a tener otros focos […]”
Las narrativas e historias de vida de las juventudes negras periféricas dan cuenta no solo de la criminalización a la que se ven sometidas, sino también de cómo el estigma, resultado del racismo estructural, no solo niega oportunidades, derechos fundamentales y libertades, sino que termina por arrebatarles la vida. Datos del informe de “Cali Cómo Vamos” (2020) menciona que, el Oriente de Cali concentra el mayor número de homicidios, 47 de cada 100 fueron sobre población joven; datos de medicina legal informan que, en la ciudad de Cali en el año 2020 se presentaron 1075 homicidios y para el año 2021 se presentaron 1217, con un incrementó de 13,2% respecto al año anterior.
A finales del mes de junio del 2020, en el marco de la pandemia, el Escuadrón Antimotines (ESMAD) de la Policía Metropolitana de Cali ingresó al barrio la Colonia Nariñense, con el fin de terminar una fiesta en la que según lo dicho por el periódico El Tiempo, se “encontraban impartiendo 500 personas, quienes se encontraban infringiendo la ley del toque de queda”. Al día siguiente de esta situación fueron incontables los mensajes ofensivos, racistas y clasistas, contra los habitantes del oriente de Cali, que se movilizaron por las redes sociales. Mensajes como: “No es racismo, pero no vi ni un blanco en esa fiesta”, “Deberían lanzarles una bomba química y listo”, “Estos son familiares de los ladrones que estaban en otro lado”.
Si retomamos la parte final del último comentario, “ladrones que están en otro lado” podemos inferir que se trata de esa otra ciudad, esa ciudad que no es oriente de Cali, ese Oriente negro, criminal, problemático entre tantas otras cosas dichas en las redes, que expresan el racismo estructural y la injusticia social latente en una ciudad como Cali. Esta ciudad cuenta con 2.523.925 habitantes de los cuales -según cifras del DANE- la población negra/afro corresponde a un 26%.
Los datos registrados por el DANE han sido fuertemente cuestionados por las organizaciones y comunidades negras, quienes aluden que la población negra/afro supera más del 50% de la población del municipio, distintas organizaciones pertenecientes a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), han denunciado el genocidio estadístico del censo del 2018, en el que más de un millón trescientas mil personas fueron borradas del censo, muestra clara del racismo estructural e institucional sistemático que profundiza las brechas de desigualdad ante la invisibilización de los datos reales, y más allá de eso la invisibilización de las necesidades de las comunidades.
De los datos mencionados más del 70% de la población afro se encuentra en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad. Según el informe de “Cali Cómo Vamos” (2020), en la ciudad habitan más de 531 mil jóvenes, es decir 24 de cada 100 caleños tienen entre 14 y 28 años. Esta población se concentra principalmente en la zona oriente de la ciudad -comunas 13, 14, 15 y 21- y en las comunas 6, 18, y 19.
Para el año 2021, 39 de cada 100 jóvenes de Cali-Yumbo, se encontraban en situación de pobreza monetaria y 14 de cada 100 en situación de pobreza extrema. Los datos de “Cali Cómo Vamos” sobre el desempleo para el trimestre junio y agosto evidencian que la ciudad de Cali cuenta con la cifra más alta en comparación con ciudades como Bogotá y Medellín, tanto para el 2020 como para el 2021. Situaciones que se agudizaron por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y por el paro nacional del 28 de abril del 2021.
Sin embargo, las cifras antes descritas no son suficientes para dar cuenta de las realidades violentas que viven las juventudes negras en el territorio. Las organizaciones sociales han levantado sus voces para denunciar y visibilizar cómo los organismos institucionales no contemplan la categoría raza en sus informes sobre homicidios, salud, educación, empleo, entre otros. Son pocos los datos que surgen de las instituciones estatales que brinden una información diferenciada por raza. Ejemplo de ellos ha sido lo sucedido durante la pandemia de la COVID-19, puesto que las políticas de atención frente a los efectos que ha traído la pandemia han sido ineficaces y revictimizantes. La falta de propuestas diferenciadas por raza, clase, género y edad han generado en los territorios negros profundas inequidades y desigualdades.
Son otras entidades, organizaciones, centros de pensamiento, y medios de comunicación alternativos quienes levantan información que permita acercarse de una manera más crítica y detallada a la información real y veraz. En una publicación de InSight Crime, -que tiene por nombre ¿Quién responde por el incremento de los asesinatos en Cali? – se menciona que, para el mes de mayo del año 2021, la ciudad registró 117 homicidios, reconocido como el mes más sangriento en los últimos cinco años, para el mes de junio la cifra de muertes fue de 114, estos homicidios se presentaron en el marco del paro nacional como causa del descontento social.
Aunque los datos recopilados por la misma entidad se encuentran en el marco del paro nacional del 2021 y no contemplan la categoría raza, estos dan cuenta de cómo la ciudad de Cali sigue siendo la ciudad más violenta y con mayores tasas de homicidios de Colombia, para InSight Crime los factores que impulsan estas tasas de homicidios son: sicariato, disputas por los mercados locales de la droga y pandillas prestas al ajuste de cuentas.
Las comunas que presentaron mayores cifras evidencian la zona del oriente y la ladera como las zonas con mayores cifras de homicidios.
Recuperado dehttps://es.insightcrime.org/noticias/quien-responde-incremento-asesinatos-cali/
A partir de la discusión y las cifras descritas se puede concluir que, el enfoque racial es clave para analizar cómo se produce el orden social y espacial. Dicho orden tiene un papel central en la forma en que se construye y se produce la vida urbana. Una pregunta importante sería: ¿Por qué algunos territorios están condenados a la violencia, a la desigualdad, a la segregación y a la muerte y otros gozan de los privilegios y de la protección del estado?
La antinegritud: más allá del derecho a la ciudad
Con la intención de abordar conceptos como derecho a la ciudad, Lefebvre (1969). propone que como derecho es fundamentalmente colectivo de todas y todos, y que tiene como principal objetivo democratizar la sociedad y la gestión Urbana, por lo cual, no solo se cumple con la consagración del derecho y con la posibilidad de acceso a lo existente, es necesario transformarlo y renovarlo, pero más allá de eso, es en la acción conjunta y colaborativa del pueblo, no solo para usar, ocupar y vivir la ciudad, principalmente para asegurar condiciones y mecanismos, para que las personas y organizaciones participen activamente en la planificación, ejecución y evaluación de una justicia espacial diferenciada, una justicia racial, es decir comunidades autónomas, que se piensan el habitar la ciudad y se plantean nociones más allá de las lógicas estatales.
Para Lefebvre (1969) y Harvey (2003) el derecho a la ciudad va más allá de la conquista de una ley, es el derecho a construir otra ciudad posible y justa, es decir tener el derecho habitar espacios que respondan a las necesidades de quienes le habitan, con recursos sociales y culturales, y servicios públicos, además de una participación en la planeación y tomas de decisión en todo lo relacionado con la ciudad.
Por su parte Villamizar (2016) plantea que, “La justicia espacial, efectúa la síntesis de dos dimensiones: una primera, conceptual que está relacionada con el llamado “giro espacial” promovido, entre otros, por Lefebvre (1974), Foucault (1997[1978]), Harvey (1997) y Soja (2014)”. Para este último la justicia espacial es entendida como el reparto equitativo en el espacio de los recursos socialmente valorados, así como también de las oportunidades o posibilidades de utilizarlos o no. Por su parte Marcuse (2009) plantea que:
“[…] Distingue “dos formas cardinales” de la justicia/injusticia espacial; por una parte, de segregación social en el espacio que tipifica como el “argumento de la falta de libertad”, respondiendo a las coacciones sociales, económicas y políticas sobre determinados grupos de población marginalizada; por otra, la de la asignación desigual de los recursos en el espacio. […]”
La injusticia espacial es la negación de derechos, el empobrecimiento, el destierro, la segregación espacial, la exclusión y la marginalización de territorios, la imposibilidad de acceder a políticas públicas, es la suma de injusticias estructurales que dificultan el acceso a la ciudadanía urbana, al derecho a la ciudad. Para Villamizar (2016), un ejemplo claro de injusticia espacial es la segregación residencial de base económica que viven las personas negras en comparación con las no negras, evidenciando que los sitios urbanos con mayor presencia de población negra se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad social en comparación con la población no negra.
Para el caso puntual de la ciudad de Cali y específicamente el Oriente de Cali en relación con el resto de la ciudad, son varios los conceptos que pueden dar cuenta de cómo se configura el orden de la ciudad, uno de ellos es La Ciudad neoliberal, la ciudad que se configura desde el orden económico, en la que el mercado y el capital gestionan los recursos desde una visión empresarial, en la que se eliminan las políticas sociales y las políticas públicas, y prima la explotación de los cuerpos y los territorios y se obtiene ganancias a costa del despojo o acumulación por desposesión como lo llamaría Harvey (2013)
“[…] la economía por desposesión es el resultado de la diferenciación étnica, racial y de género, practicada por el capital” la cual ha generado profundas disparidades entre quienes ostentan el dominio y quienes carecen de este, son las identidades subalternas y vulneradas quienes sufren la depredación y la desposesión, y a su vez quienes la lucha por el derecho a la ciudad, arrebatado históricamente por elites económicas y políticas que construyen la ciudad según sus deseos e intereses relacionados con prácticas a su vez delincuenciales[…]”
Son los cuerpos y los territorios negros quienes han sufrido sistemáticamente el despojo y la desposesión, es a costa de la eliminación de la vida y de la explotación de los territorios negros, que se han construido las pequeñas y grandes urbes. Nos encontramos entonces ante una ciudad fracturada, fragmentada, la ciudad afro y la no afro: la ciudad del terror y el miedo, y la ciudad de las oportunidades y del privilegio; la ciudad segregada, marginada y excluida, y la ciudad conectada, con sistemas de seguridad, tecnología y barreras físicas, dos espacios que conforman una sola ciudad, en la que interactúan quienes tiene el dominio de lo público y quienes se les ha negado la vida misma, la posibilidad de ser y de habitar el territorio.
En el marco del evento Voces Afro juveniles Luchas que Unen Territorios, los jóvenes de juventudes populares representan una situación que ejemplifica lo que experimenta un joven negro al cruzar el otro lado de la ciudad, la Cali del privilegio de raza y de clase:
Bryan, un joven negro, rapero y desempleado sale en busca de dinero para pagar el lugar donde se hospeda temporalmente. Lo único que recibe de todos los lugares donde circula son insultos, malas miradas y rechazos. Casi 10:00 de la noche Brayan aborda la ruta P12A hacía la estación de universidades, decide cantar sus cortas, aunque buenas rimas, y ni siquiera recibe un saludo. Triste y desanimado por las malas miradas decide bajarse en una parada del barrio El Ingenio. Entrando en desesperación Brayan ya no sabe qué hacer. —11:00 pm Brayan se encuentra por una de las calles de El Ingenio, dos casas delante de él, camina una joven hacia su casa. La joven voltea a ver que Brayan va detrás suyo, se desespera y empieza a caminar más rápido, mientras lo hace se le cae su billetera. Brayan la encuentra y va detrás de la chica para entregársela, pero al verlo ella se asusta y, desconcertada, le da las gracias.
La historia de Bryan, joven negro habitante del oriente de Cali es un ejemplo de miles que experimentan las juventudes negras. Tanto salir del oriente como quedarse en él, representa para las juventudes negras la posibilidad de ser violentado o asesinado, ser y sobrevivir en la ciudad es una lucha diaria y constante a la que se ven obligados a enfrentar día a día. Con el incremento de la violencia durante la pandemia, dos de las jóvenes, una de 14 años y otra de 16, comentan que han perdido a familiares y amigos cercanos, lo que pone en evidencia las dinámicas del terror ante la injusticia espacial, al compartir su miedo de ser asesinada. Ella menciona que:
“yo sueño con poder llegar hasta grande viva” Otra recuerda que “cuando por fin estaba asimilando que mataron a un amigo, cuando pensaba que ya había pasado el dolor, matan a otro amigo y me hace recordar, y ya me duele el doble, se me juntaron dos dolores […] nadie se imagina cuánto puede doler la muerte de un amigo con el que uno ha crecido […]”.
Las juventudes negras del oriente de Cali viven de manera sistemática el fenómeno de la muerte, el duelo constante ante la muerte sistemática de familiares y amigos, miedo a ser alcanzado por la muerte física y la negación de todos los derechos ante la muerte social.
La violencia racial estructural se manifiesta de múltiples maneras, como la imposibilidad de acceder al derecho a la ciudad, algo que las juventudes negras de las periferias urbanas experimentan día a día. Para Morse (1971) las ciudades han sido reconocidas como “ciudadelas de privilegios” frente a las llamadas invasiones, asentamientos subnormales, que carecen de servicios básicos, a diferencia de la ciudad, la no ciudad será aquella irregular, informal e ilegal. Por su parte Vargas menciona que:
“[…] La anti-negritud hace abyecto todo lo que supuestamente está ligado a la negritud. La anti-negritud hace que todos los espacios marcados por la negrura no sean lugares: espacios físicos, espacios metafísicos, espacios ontológicos, espacios sociales. La anti-negritud, por tanto, define la no persona, el no lugar […]” (Vargas, 2020)
Tanto para Morse como para Vargas, la ciudad con privilegios es aquella a la que se le puede llamar ciudad, por tanto, decir que existen dos ciudades, nos impide profundizar en la discusión, problematizar la categoría ciudad y ciudadanos como quienes pueden habitar la ciudad nos permitirá ahondar en el análisis, es decir: cuerpos negros que habitan territorios negros no serán considerados personas y los territorios que habitan no serán por tanto parte de la ciudad.
Vargas (2020) complejiza el análisis para puntualizar que la segregación de los territorios no es el único elemento importante; la negación de ser, de la humanidad, de la ciudadanía, a las personas negras en comunión con la negación de los lugares habitados por estas -como le sucedió a Bryan, a los jóvenes de la Colonia Nariñense y como le sucede a miles de jóvenes negros al habitar y recorrer la ciudad- la raza se convierte en el pilar de las opresiones; la negación, el vaciamiento del ser, la objetivación de los cuerpos y sus territorios en funcionamiento de la lógica del capitalismo racial; el cuerpo como el territorio serán útiles mientras funcionen como elemento de explotación, para después ser desechado.
Es a partir de la discusión antes planteada que, la conformación de ciudades justas; democráticas y de distribución equitativa del suelo como lo proponen Lefebvre (1969) y Harvey (2013), no son propuestas suficientes ante las demandas de los pueblos negros y de las juventudes, ante la deuda histórica que tiene la sociedad, ante la negación de la vida, del ser y ante la muerte sistemática e histórica y social, que arrincona y apaga la posibilidad de proyectos de vida digna: educación digna y de calidad, salud, empleo, vivienda, justicia y oportunidades.
Las juventudes negras del Oriente de Cali viven con el temor de que una bala acabe con sus vidas, evidencia de cómo las ciudades y sus dinámicas capitalistas, racistas y coloniales, construyen e imponen el orden social urbano que recae sobre las juventudes negras, eliminándolos de la categoría ciudadano, convirtiéndolos en objetos de explotación y en desechos. Debemos preguntarnos entonces ¿Es el derecho a la ciudad, la solución que las políticas públicas presentan para la transformación social de los pueblos y las juventudes negras? Para autores como Vargas (2020) y Morse (1971) antes de proponer el derecho a la ciudad como solución, es menester problematizar la discusión del derecho a la ciudad ya que la ciudad anti-negro no considera las experiencias de los cuerpos y los territorios negros como ciudadanos o ciudades.
Los pueblos y las juventudes negras, como los jóvenes del grupo de Juventudes Populares, siguen en la construcción de mundos más justos, que dignifiquen la vida y que generen relaciones justas, más allá de las lógicas coloniales. Propuestas políticas como la Autonomía y soberanía alimentaria, pre-icfes populares, Educación libertaria, mingas comunitarias, pedagogías populares, saberes ancestrales curativos, entre otros, que se desarrollan en la ruralidad y en las periferias urbanas, son estrategias de resistencia y más allá de eso propuestas y proyectos políticos que propenden por otros mundos posibles.
Es ante la negación de derechos, que la fuerza, la articulación y la colaboración de las organizaciones se logra reconstituir el tejido social.
Autoras y autor: Andrea Moreno, Kevin David Soto, Alejandra Alzate
Coordinadores de Juventudes
Asociación Casa Cultural el Chontaduro (Colombia)
Este artículo fue previamente publicado en Colabora.Lat el 8 de septiembre de 2022 la primer parte y el 9 de septiembre del 2022 la segunda parte.
